PERIODICO "INFORMACION" Sección Opinión. 03.02.2012
BEGOÑA ROMÁN PASTOR Leo totalmente sorprendida la noticia de que el señor ministro de Justicia tiene previsto encargar a los notarios la celebración y disolución de los matrimonios de común acuerdo, entre otras cuestiones. Los motivos: dos. Por un lado, descongestionar los juzgados. Por otro, dotar a los notarios de trabajo, que han visto cómo descendían sus ingresos desde que la crisis apareció.
No puedo quedarme callada ante una noticia como ésta. Para empezar diré que los juzgados no están atascados ni por las bodas ni por los divorcios de común acuerdo, ni tampoco este tipo de procedimientos judiciales son los que colapsan la justicia. No son procedimientos contenciosos, son las propias partes quienes a través de sus letrados acuerdan las pautas por las que se van a regir después de disolverse el vínculo conyugal y ello con una doble garantía: a través del correcto y profesional asesoramiento de un abogado y también de la tranquilidad que da el saber que la ratificación se hará ante un tribunal de Justicia.
Seguramente existe la idea equivocada de que un divorcio de mutuo acuerdo lo puede tramitar cualquiera, me refiero a cualquier tipo de abogado. O seguramente el señor ministro, dentro de su lógica ignorancia, puede creer que si los cónyuges están de acuerdo, nada más fácil que acudir al notario para que éste dé fe de sus acuerdos. Pero es necesario aclarar algunas cuestiones de trascendental importancia para conocimiento del justiciable y que van a resultar, a partir de ese momento, de un gran alcance para el futuro de esas personas. Para empezar diré que lo óptimo es que los profesionales, en este caso hablo de los letrados, cada vez más se dediquen a una determinada parcela del derecho, con el fin de poderse especializar y ofrecer a sus clientes un mejor asesoramiento y finalmente una mejor defensa: éste y no otro es el cometido del abogado. Eso nos lleva a concluir que cualquier letrado no está en disposición de asesorar cualquier asunto que le llegue a su despacho, porque cada día la legislación es más compleja, lo que hace bueno el dicho de que "el que mucho abarca, poco aprieta". No es la primera vez que muchos abogados especializados en esta materia vemos cómo un matrimonio acude a un notario a liquidar su sociedad de gananciales y uno de los cónyuges, habitualmente la esposa, queda muy perjudicada en esa liquidación. ¿Dónde estaba en ese momento el asesoramiento? O hemos visto también cómo en nombre de salvar el patrimonio -no confundir con el matrimonio-, uno de los cónyuges insta al otro a pactar un nuevo régimen económico matrimonial, para transcurrido un cierto tiempo comprobar que aquellas aparentes buenas razones no fueron más que una forma de sustraer del patrimonio común bienes de importante valor a favor de aquel que hizo tan caritativa propuesta. El anecdotario podría ser ilimitado. Quiero decir con todo ello que los ciudadanos ni son conocedores del derecho ni especialistas ni tienen por qué conocer las consecuencias de las decisiones que afectan a su persona o a su patrimonio porque precisamente ésa es la razón de ser de los abogados.
No se trata de descongestionar los juzgados a cualquier precio, ni a destajo, sino de lo que se trata es de que se imparta justicia y que los justiciables gocen de las debidas garantías que ofrece el contar con una defensa representada por profesionales que a ello se dedican y que han necesitado de muchos años de ejercicio, de formación, de estudio y de riesgo.
Pero mucho me temo que hay otra razón, con más peso que esta primera y que es la que seguramente ha decantado al señor ministro a contar con los notarios, los cuales muy amablemente ofrecieron sus despachos para la tramitación de este tipo de asuntos. Su propio interés económico. Al parecer, los máximos responsables de la fe pública han declarado que la mala situación que atraviesa el sector podría poner en peligro la viabilidad del sistema notarial si no se adoptan medidas, pues sus ingresos han descendido desde enero de 2007 en más de un 70 por ciento. Y yo me pregunto: ¿es que no estaban antes de esa fecha colapsados los juzgados? O, ¿por qué no se ofrecieron los notarios en los primeros años de 2000 a asumir dichas tareas? Y voy a ir más lejos, ¿por qué en los años de la burbuja inmobiliaria no ofrecieron a los abogados que pudieran otorgar escrituras para desatascar las notarías? ¿Qué hubieran dicho los notarios de ello? Cuanto menos que cada uno tiene sus competencias y que ellos han tenido que superar una oposición que les habilita como fedatarios públicos y que además, y esto lo digo yo, que durante muchos años les ha hecho ingresar mucho dinero. Lo nuestro, a lo mejor, parece más sencillo, no hemos tenido que superar una oposición, eso es cierto, pero tenemos que formarnos de manera continuada para ofrecer el mejor asesoramiento y soportar la creciente competencia de nuevos profesionales que causan alta en nuestro colegio, tenemos que superar día a día la censura del propio cliente, y la oposición ante el tribunal más exigente de todos: el de justicia, en el que cada día comparecemos y nos examinan.
Por ello reivindico mi oficio, nuestro oficio, el de los abogados, sin intrusismos, sin que sirvan excusas de mal pagador para quitarnos competencias o para hacer creer a los ciudadanos que sus intereses se verán igualmente defendidos acudiendo a unos u otros profesionales, porque eso no es cierto. No sé cómo no han propuesto aún a los veterinarios integrarse en los hospitales para reducir las listas de espera de los quirófanos, a lo mejor es porque el señor ministro de Justicia cuenta con más posibilidades de tener que ser intervenido quirúrgicamente que de divorciarse. Muy lamentable señor ministro.
No puedo quedarme callada ante una noticia como ésta. Para empezar diré que los juzgados no están atascados ni por las bodas ni por los divorcios de común acuerdo, ni tampoco este tipo de procedimientos judiciales son los que colapsan la justicia. No son procedimientos contenciosos, son las propias partes quienes a través de sus letrados acuerdan las pautas por las que se van a regir después de disolverse el vínculo conyugal y ello con una doble garantía: a través del correcto y profesional asesoramiento de un abogado y también de la tranquilidad que da el saber que la ratificación se hará ante un tribunal de Justicia.
Seguramente existe la idea equivocada de que un divorcio de mutuo acuerdo lo puede tramitar cualquiera, me refiero a cualquier tipo de abogado. O seguramente el señor ministro, dentro de su lógica ignorancia, puede creer que si los cónyuges están de acuerdo, nada más fácil que acudir al notario para que éste dé fe de sus acuerdos. Pero es necesario aclarar algunas cuestiones de trascendental importancia para conocimiento del justiciable y que van a resultar, a partir de ese momento, de un gran alcance para el futuro de esas personas. Para empezar diré que lo óptimo es que los profesionales, en este caso hablo de los letrados, cada vez más se dediquen a una determinada parcela del derecho, con el fin de poderse especializar y ofrecer a sus clientes un mejor asesoramiento y finalmente una mejor defensa: éste y no otro es el cometido del abogado. Eso nos lleva a concluir que cualquier letrado no está en disposición de asesorar cualquier asunto que le llegue a su despacho, porque cada día la legislación es más compleja, lo que hace bueno el dicho de que "el que mucho abarca, poco aprieta". No es la primera vez que muchos abogados especializados en esta materia vemos cómo un matrimonio acude a un notario a liquidar su sociedad de gananciales y uno de los cónyuges, habitualmente la esposa, queda muy perjudicada en esa liquidación. ¿Dónde estaba en ese momento el asesoramiento? O hemos visto también cómo en nombre de salvar el patrimonio -no confundir con el matrimonio-, uno de los cónyuges insta al otro a pactar un nuevo régimen económico matrimonial, para transcurrido un cierto tiempo comprobar que aquellas aparentes buenas razones no fueron más que una forma de sustraer del patrimonio común bienes de importante valor a favor de aquel que hizo tan caritativa propuesta. El anecdotario podría ser ilimitado. Quiero decir con todo ello que los ciudadanos ni son conocedores del derecho ni especialistas ni tienen por qué conocer las consecuencias de las decisiones que afectan a su persona o a su patrimonio porque precisamente ésa es la razón de ser de los abogados.
No se trata de descongestionar los juzgados a cualquier precio, ni a destajo, sino de lo que se trata es de que se imparta justicia y que los justiciables gocen de las debidas garantías que ofrece el contar con una defensa representada por profesionales que a ello se dedican y que han necesitado de muchos años de ejercicio, de formación, de estudio y de riesgo.
Pero mucho me temo que hay otra razón, con más peso que esta primera y que es la que seguramente ha decantado al señor ministro a contar con los notarios, los cuales muy amablemente ofrecieron sus despachos para la tramitación de este tipo de asuntos. Su propio interés económico. Al parecer, los máximos responsables de la fe pública han declarado que la mala situación que atraviesa el sector podría poner en peligro la viabilidad del sistema notarial si no se adoptan medidas, pues sus ingresos han descendido desde enero de 2007 en más de un 70 por ciento. Y yo me pregunto: ¿es que no estaban antes de esa fecha colapsados los juzgados? O, ¿por qué no se ofrecieron los notarios en los primeros años de 2000 a asumir dichas tareas? Y voy a ir más lejos, ¿por qué en los años de la burbuja inmobiliaria no ofrecieron a los abogados que pudieran otorgar escrituras para desatascar las notarías? ¿Qué hubieran dicho los notarios de ello? Cuanto menos que cada uno tiene sus competencias y que ellos han tenido que superar una oposición que les habilita como fedatarios públicos y que además, y esto lo digo yo, que durante muchos años les ha hecho ingresar mucho dinero. Lo nuestro, a lo mejor, parece más sencillo, no hemos tenido que superar una oposición, eso es cierto, pero tenemos que formarnos de manera continuada para ofrecer el mejor asesoramiento y soportar la creciente competencia de nuevos profesionales que causan alta en nuestro colegio, tenemos que superar día a día la censura del propio cliente, y la oposición ante el tribunal más exigente de todos: el de justicia, en el que cada día comparecemos y nos examinan.
Por ello reivindico mi oficio, nuestro oficio, el de los abogados, sin intrusismos, sin que sirvan excusas de mal pagador para quitarnos competencias o para hacer creer a los ciudadanos que sus intereses se verán igualmente defendidos acudiendo a unos u otros profesionales, porque eso no es cierto. No sé cómo no han propuesto aún a los veterinarios integrarse en los hospitales para reducir las listas de espera de los quirófanos, a lo mejor es porque el señor ministro de Justicia cuenta con más posibilidades de tener que ser intervenido quirúrgicamente que de divorciarse. Muy lamentable señor ministro.
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